El corredor Ipiales – Tulcan, atraviesa según las defensorías del pueblo de ambos países una crisis hum anitaria y de seguridad. Es a la conclusión que han llegado luego de un monitoreo en el que estuvieron acompañados por la oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos.
Previamente, las mismas entidades habían alertado sobre los acontecimientos que tenían lugar en la frontera entre ambos países, y según revela el nuevo informe, no solo se mantienen, sino que estos se han agravado. En el informe se puede encontrar que riesgos como las extorsiones, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, la violencia física y sexual, la explotación laboral y el reclutamiento de personas por parte de grupos armados, siguen ocurriendo en el lugar, pero estos se agravan aun mas cuando en la zona se tienen barreras como el acceso a la salud, educación y mecanismos de protección.
Entre los principales factores que generan todos estos riesgos, están los enfrentamientos que entre estructuras criminales tienen lugar en la frontera, estas se disputan el control de los corredores estratégicos para el narcotráfico y el contrabando además de participar en el trafico de migrantes, los mas afectados como suele suceder terminan siendo los migrantes y comunidades locales fronterizas.
Estas últimas, las más golpeadas suelen ser las ubicadas en las zonas rurales, la escaza presencia del estado y las rutas no autorizadas la convierten en objetivos de dichas estructuras criminales. Donde, además, la minería ilegal ha aumentado a la conflictividad pues de ellas obtienen recursos financieros para sus organizaciones.
En los hallazgos de las defensorías, también se remarca la disminución en el presupuesto que organizaciones que operaban en el lugar han tenido, pues de 25 cooperantes en el 2024, solo cinco aún quedan en el presente año. Esto a afectado la capacidad para brindar alojamiento, alimentación, servicios básicos y entre otros a las comunidades y migrantes. Remarcan, además, que esto no puede seguir dependiente de la ayuda internacional sino, a ser asumidos por los mismos estados con sus presupuestos.
Los defensores de los derechos humanos de Colombia y Ecuador piden a los dos países unirse para resolver los problemas de la frontera. Proponen cuidar a la gente con programas sociales y desarrollo, combatir a las mafias de migrantes sin castigar a quienes buscan una vida mejor, y facilitar trámites para que los viajeros puedan regularizar sus documentos.
