El modelo de expedición de pasaportes que había sido impulsado por el gobierno nacional ha sido suspendido, así lo ordenó el tribunal administrativo de Cundinamarca tras admitir una acción popular. La medida cautelar golpea directamente los convenios interadministrativos entre el fondo rotatorio de cancillería y la imprenta nacional de Colombia.
Entre las algunas razones justificadas por el juez de la medida responden a dudas sobre la sostenibilidad del esquema, la falta de certeza técnica en los soportes del nuevo documento y los riesgos advertidos frente a la tercerización de la producción con empresas extranjeras y el manejo de los datos personales de los ciudadanos. Las entidades que hacen parte de la medida cautelar tendrán un plazo de 20 días para dar un informe detallado que argumente la viabilidad y legalidad del acuerdo.
Sin embargo, el proceso de expedición de pasaportes no se detiene, ya que el mismo fallo exige a las entidades gubernamentales adoptar de manera inmediata todas las medidas operativas necesarias para garantizar que el servicio a la ciudadanía continúe funcionando sin interrupciones mientras se toma una decisión de fondo sobre el futuro contractual del modelo.
