Con el objetivo de agilizar las iniciativas de infraestructura, energía y minería, el gobierno nacional anunció que se harán modificaciones importantes que darán un cambio estructural en los procedimientos de la consulta previa y el tramite de las licencias ambientales, que muchas suelen estancarse por solos tramitología.
Miller soto, vocero de la presidencia, aclaro que la consulta previa no será eliminada, sino que tendrá una transformación que la hará mucho mas eficiente. En un resumen, lo planteado por el gobierno, es lograr que tanto la licencia ambiental como la consulta previa puedan estar desarrollada de manera paralela e independiente. De este modo, mientras la autoridad encargada de lo ambiental evalúa los impactos técnicos de un proyecto, la entidad correspondiente de forma simultanea determinara si existe una afectación directa sobre las comunidades.
Aunque con estos cambios se apunta a reducir la burocracia y evitar que los proyectos se detengan indefinidamente lo que golpea la inversión, el empleo y la conectividad entre regiones, se mantendrá un fuerte respeto y compromiso por las garantías constitucionales de los habitantes. Es decir, si un proyecto durante su proceso se comprueba una afectación directa en un territorio, las obras en dicho campo no podrán ejecutarse hasta cumplir en totalidad los procesos de consulta.
Adicionalmente, la iniciativa gubernamental pretende clarificar los criterios sobre cuándo procede realmente una consulta previa, implementando mejores mecanismos de información, participación ciudadana, publicidad de las decisiones, trazabilidad y controles más rigurosos
